Mientras esté vigente el estado de alarma, esto es, hasta el 9 de mayo de 2021, se amplía la prohibición de los cortes de suministro tanto de energía eléctrica como de agua y gas natural a todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Cubrirá no solo a los consumidores vulnerables que se benefician ya del bono eléctrico (lo tienen ya 1,2 millones de hogares), sino también a aquellas familias que presenten un grado de vulnerabilidad equivalente. Esto se valorará y dará por parte de los servicios sociales competentes.
También se podrán evitar desahucios a las personas que ocupen viviendas que no son suyas y se encuentren en situaciones muy concretas como colectivos vulnerables, cuya vulnerabilidad se haya visto agravada con ocasión de la pandemia, o que tengan acreditada su condición vulnerable, lo que se refiere básicamente a personas que tienen bajo su protección a dependientes o menores de edad, a los propios dependientes, y a las víctimas de violencia de género.
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
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